Se auditarán las tasas municipales en la factura de energía ante «fuertes distorsiones» en Río Negro.

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Auditoría del EPRE: Un nuevo vistazo a las tasas eléctricas en Río Negro

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ha decidido tomar cartas en el asunto y ha iniciado una auditoría sobre las tasas municipales que se incluyen en la factura de luz de Río Negro. Este análisis surge en medio de una ola de reclamos por parte de los usuarios respecto al alto costo que estas tasas representan en sus facturas mensuales. El presidente del EPRE, Juan Bautista Justo, destacó que se han detectado “distorsiones bastante fuertes” en las cargas que se aplican a las distintas localidades, lo que ha llevado a solicitar información a unos 40 municipios y a las distribuidoras que operan en la provincia.

Composición de la factura eléctrica

La factura eléctrica en nuestra región está compuesta por varios componentes clave. Según lo explicado por Justo, estos incluyen el costo mayorista de la energía, el valor agregado de distribución, y la carga impositiva. En este último apartado se encuentran el IVA (que va del 21% al 27%), el impuesto nacional al débito y crédito bancario (1,2%) y contribuciones para el mantenimiento de servicios como bomberos, entre otros. A esto se suman las tasas municipales, que promedian un 15%, aunque algunos municipios pueden llegar a cobrar hasta el 50% del costo total del servicio, lo que ha causado preocupación entre los usuarios.

Próximos pasos y expectativas

La auditoría también investigará cómo se calculan estas tasas y qué ordenanzas las respaldan. Algunos conceptos que estarán bajo la lupa son los cargos por alumbrado público y otros gastos municipales incluidos en las facturas. Justo enfatizó que existe “mucha disparidad” en cómo se distribuyen estos costos, lo que puede impactar más a aquellos usuarios con menos recursos. La expectativa es contar con un primer informe en un plazo de 30 a 60 días, para identificar irregularidades y correcciones necesarias, priorizando siempre el respeto por la autonomía de los municipios y las condiciones de razonabilidad en los costos.

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