Propuesta Salarial del Gobierno de Río Negro: Actualizaciones y Desafíos

El Gobierno de Río Negro ha lanzado una propuesta que busca mantener las actualizaciones salariales bimestrales hasta septiembre. Esto se da en el contexto de las paritarias entre el Ejecutivo y los gremios ATE y Unter, en un clima marcado por la ausencia de representantes de UPCN en la Mesa de la Función Pública. En esta propuesta, se garantiza que las actualizaciones automáticas estarán ligadas a la inflación. Sin embargo, en el caso de los docentes, se ha condicionado el pago de incrementos a la aceptación de la oferta y al normal desarrollo del ciclo lectivo, dejando claro que ante eventuales medidas de fuerza, no se liquidarán los aumentos y se aplicarán descuentos por días no trabajados.

Detalles Específicos de la Oferta

La propuesta incluye un ajuste salarial que se calculará tomando como referencia el promedio entre el IPC Nacional y el IPC de Viedma. Para los próximos bimestres, se utilizarán índices anteriores: el promedio de inflación de abril y mayo para el bimestre junio-julio, y los índices de junio y julio para agosto-septiembre. Además, se incorpora un incremento del 20% para el plus del operador de SENAF y un 50% adicional para el Personal de Servicio de Apoyo de Educación, ambos a partir de este mes. Desde el Gobierno Provincial, se subrayó que este esquema busca ofrecer mayor previsibilidad a las familias del personal estatal y asegurar la continuidad de servicios esenciales en la región.

UPCN se Desmarca de las Negociaciones

Por otro lado, UPCN no participó en la reciente mesa de negociación, cumpliendo su anuncio previo. En un comunicado, denunciaron que el Gobierno continúa implementando mecanismos de ajuste que afectan directamente a las familias de los trabajadores estatales. Criticaron la metodología para calcular los aumentos salariales, donde se promedia el IPC de Viedma con el de Nación, una estrategia que, según ellos, busca ofrecer porcentajes a la baja. A su vez, expresaron un rotundo rechazo a la intención de pagar en cuotas las recategorizaciones adeudadas, argumentando que esto ignora una deuda que se arrastra desde 2020, lo que podría representar una pérdida irreparable del poder adquisitivo para muchos trabajadores.