La Justicia Respaldó la Ley de Financiamiento Educativo Universitario

La Cámara Contencioso Administrativo Federal ha dado un revés al Gobierno al rechazar su apelación y confirmar la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y la Recomposición del Salario Docente. En un fallo que sorprende y a la vez alivia a la comunidad educativa, los jueces señalaron que los argumentos del Poder Ejecutivo eran «pocos serios» y que el impacto fiscal de la medida es bajo. Este fallo es fundamental, ya que garantiza el cumplimiento de los derechos laborales y educativos en el ámbito universitario.

Una Cautelar que Marca el Rumbo

La medida cautelar, dictada por el juez federal Enrique Cormick en diciembre de 2022, exige el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Estos artículos se enfocan en la actualización salarial de docentes y no docentes de las universidades públicas, abarcando el período desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025. Además, se solicita la recomposición de los programas de becas para estudiantes, un aspecto crucial en un contexto de creciente demanda educativa.

Respaldo Institucional y Crítica al Gobierno

El fallo ha sido respaldado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y más de 40 universidades públicas, que promovieron la acción de amparo ante la situación de incertidumbre. El juez Cormick también destacó características de «arbitrariedad e ilegalidad» en el Decreto 759/2025, que suspendió la ejecución de la ley. Mientras tanto, el Gobierno ha calificado esta decisión como «arbitraria» y ha puesto de relieve la necesidad de definir previamente las fuentes de financiamiento. Sin embargo, la Justicia reafirma la importancia de garantizar la educación superior pública como un derecho esencial consagrado en la Constitución.