Prórroga de Prisión Preventiva en el Caso Dobra

En una audiencia que ha captado la atención de la región, el juez Emilio Stadler confirmó la prórroga de la prisión preventiva para Leandro Navarro y Mateo Hernández, implicados en el homicidio de Julián Dobra de la Canal. Ambos permanecerán tras las rejas hasta el 7 de noviembre de 2026 mientras la fiscalía avanza en una investigación que entrelaza el crimen con un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas. La decisión del magistrado se apoyó en el marco general de pruebas presentadas por la fiscalía, desestimando las apelaciones de la defensa que cuestionaban la objetividad de las evidencias recolectadas.

Nuevas Evidencias Complican a los Imputados

Uno de los elementos más impactantes en la audiencia fue el resultado de una pericia odorológica. Se reveló que una barra metálica de 96 centímetros hallada cerca del cuerpo de Julián arrojó rastros positivos para ambos imputados, unidos a la escena del crimen. Según el fiscal Marcelo Ramos, esto establece un vínculo directo entre Navarro, Hernández y el arma utilizada en el homicidio. “Este relevamiento dio positivo respecto de Navarro y Hernández. Hay rastros de olor, lo que fue cotejado por dos canes", subrayó Ramos en su exposición ante el juez.

Teoría del Caso: Narcotráfico y Conflictos Internos

La fiscalía, liderada por Ramos y la fiscal jefe Belén Calarco, presentó una narrativa donde Navarro es el presunto autor intelectual de una organización de tráfico de drogas que utilizaba a menores como "soldados". Según los testimonios y evidencias, Dobra había prestado su vehículo para operaciones de venta de estupefacientes, pero su relación se tornó conflictiva cuando amenazó con denunciar la falta de devolución de su auto. “La denuncia implicaba que podía poner en riesgo el negocio que Navarro llevaba cómodamente”, explicó Calarco. Además, capturas de pantalla del teléfono de Dobra y el uso del auto por parte de menores, incluso después del crimen, refuerzan este argumento, mientras la defensa desestiman la competencia de la justicia provincial y cuestionan la validez de las pruebas presentadas.