Escándalo en el Servicio Penitenciario: Un Caso de Cohecho que Impactó a Roca

En un giro inesperado de los acontecimientos, la Justicia de Roca enfrentó un caso que ha sacudido la opinión pública: Néstor Fabián Pérez, un empleado del Servicio Penitenciario de Río Negro, fue condenado por cohecho pasivo. La sentencia se dictó durante una audiencia de cesura, donde se acordó una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional y, además, una inhabilitación perpetua para ejercer funciones que impliquen contacto con personas privadas de libertad. La jueza Laura Pérez fue clara al señalar que esta medida busca prevenir futuros abusos de poder en el sistema penitenciario.

WhatsApp: El Testigo Silencioso

La condena de Pérez se sustenta en evidencias contundentes. Durante una requisa en el Establecimiento de Ejecución Penal 2, se descubrió un teléfono celular en la celda de un interno que contenía conversaciones de WhatsApp con un contacto identificado como "El Gil", relacionado directamente con el imputado. En estos intercambios, se negociaba el ingreso de drogas y alcohol a cambio de dinero. La fiscalía demostró que esas comunicaciones detallaban transacciones por montos de hasta 10.000 pesos, de los cuales 4.000 quedaban para Pérez como "favor". En palabras de la jueza, «el tenor de las conversaciones no deja margen para la duda».

El Rastro del Dinero y las Consecuencias

Un factor crucial para asegurar la condena fue el seguimiento financiero de las coimas. Se presentaron pruebas de transferencias bancarias a la cuenta de la pareja del condenado, sumas que coincidían con los montos pactados en los chats. La magistrada enfatizó que «el cohecho se consuma con la aceptación de la promesa». Además de la pena de prisión condicional, Pérez enfrentará reglas de conducta estrictas durante dos años. Entre estas, se incluyen la prohibición de consumir alcohol o drogas en la vía pública y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades. La lectura oficial de la sentencia está programada para el 4 de junio, momento en que comenzarán a correr los plazos legales para posibles recursos.