Acusado de homicidio en El Bolsón seguirá con prisión domiciliaria por la saturación de las cárceles

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Crisis Carcelaria en Río Negro: Prisión Domiciliaria para Richard Salazar

En una resolución reciente, el juez de revisión Martín Arroyo confirmó la prisión domiciliaria de Richard Salazar, imputado por el homicidio de Julián Salvo en El Bolsón en septiembre de 2025. La falta de cupos en el sistema carcelario provincial fue el argumento clave que llevó a Arroyo a desestimar la impugnación de la querella. La abogada querellante, María del Paz del Valle, advirtió sobre el riesgo de fuga y la gravedad del delito, pero el juez consideró que la situación del sistema penitenciario no puede perjudicar al acusado, enfatizando el déficit del Estado en la atención de detenidos.

La Defensa y el Contexto Carcelario

El abogado defensor, Hugo Cancino, argumentó que el alojamiento de Salazar en la comisaría 12 de El Bolsón era insostenible, debido a las “dos pequeñas celdas” disponibles y las “situaciones de violencia” que había sufrido, que habían requerido atención médica. Durante la audiencia, el juez Arroyo mantuvo su postura al criticar la gestión del Servicio Penitenciario, subrayando que este tipo de condiciones no deben representar una carga para el imputado. “Lo discutido no es el castigo, sino una medida cautelar adecuada”, explicó, destacando que fue el propio servicio quien informó de la falta de espacio en cárceles.

Responsabilidad del Estado y Derechos Humanos

El juez no escatimó en señalar las implicancias internacionales que tiene el sistema penitenciario argentino, recordando que el Estado argentino ha enfrentado sanciones por alojar a detenidos en condiciones inadecuadas. La prisión domiciliaria para Salazar se ha considerado como un “intermedio” necesario para neutralizar cualquier riesgo procesal. El fiscal Francisco Arrien también coincidió en que la comisaría 12 no era un lugar apto para una detención prolongada, reiterando la necesidad de que el Servicio Penitenciario Provincial asumiera su responsabilidad. Sin embargo, Arroyo reafirmó que esta decisión no es “irrazonable” y su revocación podría generar nuevas responsabilidades para el Estado.

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