Prohíben todo tipo de contacto a un hombre de Cipolletti por acoso a una mujer.

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Amistad que se tornó en conflicto: Una mujer denuncia acoso

Durante más de treinta años, una mujer y un hombre compartieron una relación de amistad que, según la última denuncia presentada, se transformó abruptamente en una situación de acoso. Según la información recabada, el hombre comenzó a frecuentar el domicilio de la mujer en horarios inesperados, generando un clima de temor e incomodidad en ella. La denunciante relató también que lo vio seguirla en diferentes ocasiones y coincidir en lugares que ella solía visitar. Esta conducta inquietante no se limitó a la vía pública; la mujer recibió mensajes con contenido sexual explícito y fotografías enviadas por el denunciado, lo que intensificó su angustia.

Intentos fallidos de poner freno al acoso

Sin conservar pruebas digitales, la mujer intentó, en varias oportunidades, limitar el contacto. Le pidió al hombre que dejara de acercarse y bloqueó su número de teléfono en un intento por protegerse. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que el hombre persistió en aparecer cerca de su hogar, lo que la llevó a solicitar una intervención judicial. La denuncia fue presentada inicialmente ante una fiscalía de Cipolletti, pero el Ministerio Público Fiscal optó por derivar el caso al Juzgado de Paz, donde se consideró que los hechos podían encuadrarse dentro del artículo 44 del Código Contravencional de Río Negro, que aborda el acoso callejero.

Medidas cautelares para garantizar la seguridad

Frente a esta situación, el Juzgado de Paz tomó la decisión de imponer una medida cautelar que prohíbe al denunciante acercarse a la mujer. La restricción se extiende a quinientos metros de su domicilio y prohíbe toda forma de contacto, ya sea por teléfono, redes sociales o cualquier comunicación directa. Esta medida, vigente inicialmente por dos meses, puede ser prolongada si se mantienen las circunstancias que llevaron a la intervención judicial. Además, el juzgado dejó claro que cualquier incumplimiento podría resultar en la intervención del Ministerio Público Fiscal por el delito de desobediencia a la autoridad. Se protegen también las identidades de los involucrados, en el marco de normas internacionales que promueven los derechos de las mujeres, como la Convención de Belém do Pará.

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