Prisión preventiva para los dos acusados del brutal homicidio en Cipolletti: «Dispararon 15 veces», afirmó el fiscal.

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Homicidio en Cipolletti: Formulación de Cargos y Prisión Preventiva

Este martes, el Foro Penal de Cipolletti fue escenario de una tensa audiencia donde se formalizó la imputación de Facundo Ezequiel Melo y Jorge Luis Aguilera Martínez por el homicidio del joven de 20 años, Emmanuel Uriel Aguilera. La fiscalía solicitó prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, argumentando que se trató de una "venganza fallida" que terminó con la vida de una víctima ajena a los conflictos entre bandas en la región. La acusación, presentada por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, se basa en el delito de homicidio agravado y el uso de armas de fuego.

El Ataque a Sangre Fría

Según los detalles expuestos por el fiscal, el crimen ocurrió el 1 de marzo de 2026, entre la medianoche y la 1:00 de la mañana. En un plan premeditado, los imputados, junto con dos cómplices no identificados, esperaron en una camioneta pick-up blanca en el barrio Antártida Argentina, con la intención de asesinar a otro hombre con quien tenían rencillas previas. Desgraciadamente, el plan se torció y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra Aguilera y un amigo que disfrutaban de una cerveza en un patio. Se realizaron al menos 15 disparos con armas de distintos calibres, resultando en una herida fatal para la víctima.

Evidencia y Defensa

Las pruebas recolectadas, incluyendo 15 indicios balísticos y 270 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, son fundamentales para establecer la culpabilidad de los imputados. Sin embargo, los defensores de Melo y Aguilera Martínez, Michel José Rischmann y Juan Luis Vincenty, cuestionan la solidez de la acusación. Señalan que la evidencia es débil y se basan principalmente en testimonios, lo que podría poner en entredicho la credibilidad de la acusación. Al cierre de la audiencia, la jueza Amorina Sánchez Marlo respaldó la decisión del fiscal y habilitó la etapa penal preparatoria, considerando el riesgo de fuga y la posible intimidación a testigos como justificaciones para la prisión preventiva.

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