La Ley Cazzu: Una Respuesta Legislativa a la Conflicto Familiar

El 30 de marzo pasado, el Congreso argentino recibió un proyecto de ley que busca suspender temporalmente la responsabilidad parental en casos de incumplimiento. La iniciativa, denominada “Ley Cazzu”, fue impulsada por el senador Carlos Linares y la organización Abogadas Feministas AMBA. El objetivo es evitar que la falta de acuerdo entre progenitores afecte decisiones cruciales en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Esta propuesta busca modificar el Código Civil y Comercial para permitir una intervención judicial ágil cuando uno de los padres no cumple con sus deberes.

Detalles de la Propuesta

El proyecto establece que esta medida podría aplicarse ante la falta de pago de tres cuotas alimentarias consecutivas o seis alternadas, o en casos de ausencia sostenida, ya sea presencial o virtual, por un mínimo de tres meses. Así, el progenitor que ejerce el cuidado efectivo podría tomar decisiones sin esperar la autorización del que incumple. Esto incluye permisos para viajar, trámites administrativos, cuestiones educativas y tratamientos de salud. Desde la organización que impulsa la iniciativa, aclaran que no se trata de una quita definitiva de derechos, sino de una herramienta temporal ante situaciones graves de incumplimiento.

Un Contexto de Necesidad

La relevancia de esta propuesta se incrementó tras el caso de la artista Cazzu, cuyo conflicto con su expareja, el cantante Christian Nodal, sobre los permisos para viajar con su hija expuso las dificultades legales que enfrentan muchas familias. En una mediación, Cazzu relató una impactante anécdota: “Ese hombre me miró a los ojos y me dijo: tenemos el control sobre vos y tu hija”. Además, el debate no es exclusivo de Argentina; en México, la diputada Sandra Arreola Ruiz propuso una ley similar, enfatizando el interés superior del niño frente al incumplimiento parental. Datos del proyecto argentino revelan que el 16% de los hogares son monoparentales, y muchas madres no reciben la cuota alimentaria correspondiente, lo que subraya la necesidad de reformas legislativas que protejan a los menores en situaciones de incumplimiento.