Críticas y Consecuencias: El Decomiso de Bienes de Cristina Kirchner

El fiscal federal Diego Luciani ha solicitado al Tribunal Oral Federal N° 2 el decomiso de un departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria luego de la confirmación de su condena en la causa Vialidad. Este inmueble se ha incorporado a un nuevo listado de bienes que la fiscalía desea ejecutar, buscando avanzar en la recuperación de activos relacionados con la maniobra de administración fraudulenta que se investiga desde 2003 a 2015 en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

El dictamen presentado ante el TOF 2 sostiene que la propiedad está vinculada al entramado patrimonial que se encuentra bajo la lupa de la justicia, y se requiere su inclusión para contribuir al resarcimiento económico del Estado. La relevancia del departamento radica en que es el actual domicilio de la exmandataria. Esta solicitud se inscribe dentro de una segunda etapa de ejecución patrimonial, impulsada después de que la Corte Suprema confirmara la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner, un fallo que estableció un perjuicio económico cercano a los $685.000 millones.

La fiscalía también ha manifestado que ninguno de los condenados ha cumplido con la obligación de devolver lo que deben, por lo que se ha decidido avanzar con el proceso de decomiso de diferentes activos. Este nuevo listado incluye 141 inmuebles, de los cuales 13 pertenecen a sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 a empresas del empresario Lázaro Báez. Además, se suman 46 automóviles y significativas sumas de dinero en diferentes cuentas y cajas de seguridad. Entre los bienes más emblemáticos figuran el hotel Alto Calafate y el chalet de la costanera de Río Gallegos, reflejando así “fortunas desproporcionadas” en comparación con los ingresos declarados por los condenados. Ahora, el tribunal deberá resolver si incorpora estos nuevos bienes al proceso de ejecución patrimonial, mientras la defensa de Cristina y su familia intenta frenarlo mediante recursos judiciales.