Las Perlas: quieren conocer el impacto ambiental de la extracción y transporte de áridos de canteras cercanas

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Preocupación en Las Perlas: vecinos exigen información ambiental

En Balsa Las Perlas, la inquietud por el impacto ambiental de la explotación de áridos está creciendo. Un grupo de vecinos ha iniciado un petitorio dirigido a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, solicitando detalles sobre los estudios de impacto ambiental necesarios para la extracción, transporte y explotación de áridos en la zona. Esta acción busca el respaldo de todos los perlenses, quienes están invitando a la comunidad a firmar y apoyar el reclamo. Desde hace unos días, copias del petitorio están disponibles en la Biblioteca Popular Quimún y en varios comercios locales.

La preocupación radica, especialmente, en el constante tránsito de camiones pesados por las calles de la ciudad. Esto no solo genera un deterioro crítico de la ya frágil infraestructura vial de Las Perlas, donde la mayoría de las calles son de tierra, sino que también representa un riesgo para la sanidad ambiental y la seguridad de los ciudadanos. Según estimaciones, la población de Las Perlas ha superado las 20.000 personas, un número que sigue en aumento. Los residentes sienten que la falta de información y transparencia sobre estos permisos y estudios está afectando su calidad de vida.

El documento presentado a la Secretaría, encabezada por María Judith Jiménez, hace referencia al derecho al acceso a la información pública ambiental, citando normativas como el Artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley Nacional N°25.831. En él se exige la entrega de documentos clave, como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la empresa SERCON, así como informes sobre las inspecciones realizadas en los últimos dos años. Los vecinos destacan la profunda preocupación por el deterioro de las calles, la proliferación de polvo en suspensión, y los daños potenciales a la salud de niños, adultos mayores y al conjunto de la comunidad. La situación ha llegado a tal punto que, de no recibir una respuesta adecuada en un plazo de 30 días hábiles, se plantearía la posibilidad de activar acciones judiciales.

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