La Falsa Médica de Roca: Un Escándalo que Sacude a la Salud Rionegrina

En una impactante serie de acontecimientos, Mariela Fernanda Marzano se ha convertido en el foco de un escándalo monumental en la salud rionegrina. La mujer, acusada de usurpar el título de médica clínica, ha engañado al sistema de salud por casi seis años. Este caso resonó en los Tribunales Federales de General Roca, donde el juez federal Hugo Greca decidió que Marzano continúe la investigación en libertad, a pesar de la gravedad de las acusaciones. La fiscalía, a cargo de Matías Zanona, tras meses de recopilación de datos, presentó un caso contundente que incluye seis hechos de ejercicio ilegal de la medicina y la usurpación de identidad.

Un Engaño Bien Planeado

La maniobra fraudulenta de Marzano comenzó con la obtención de una matrícula provincial mediante la falsificación de documentos. Para ello, acudió a un escribano, quien certificó copias de resoluciones falsas del Ministerio de Educación de la Nación y documentos apócrifos relacionados con la Universidad Nacional del Comahue. Entre el 13 de agosto de 2020 y el 3 de marzo de 2026, la imputada atendió a numerosos pacientes en instituciones de salud como el Hospital Francisco López Lima y la Clínica Roca. La alerta de las autoridades se activó en abril de este año, cuando se detectaron irregularidades en su documentación.

Implicaciones y Nuevas Investigaciones

A medida que avanza el caso, se han presentado pruebas irrefutables que demuestran el alcance del engaño. Por ejemplo, la Universidad de Los Andes en Venezuela confirmó que el título presentado por Marzano correspondía a otra persona. Además, la Dirección Nacional de Migraciones certificó que nunca había ingresado al país caribeño. A raíz de estos elementos, el juez Greca impuso restricciones a Marzano, quien deberá someterse a monitoreo por los próximos seis meses. A pesar del riesgo que representa para los pacientes, las penas por estos delitos son notoriamente reducidas; el Código Penal Argentino establece apenas de quince días a un año de prisión para quienes ejerzan sin título. Esto plantea un panorama complejo en la búsqueda de justicia y en la protección de la salud pública en la región.