La Justicia le da la razón a Claro: la lucha por la publicidad interna

En una jugada que marca un hito en la historia legal de Bariloche, la Cámara Civil y Comercial resolvió de manera definitiva a favor de AMX Argentina SA, el nombre legal de la telefónica Claro, cerrándole el camino al municipio de Bariloche para cobrar derechos de publicidad y propaganda por letreros y anuncios ubicados dentro de los comercios. Este fallo, conocido recientemente, declaró inconstitucional una ordenanza que permitía esta tasa desde hace 20 años.

Este litigio, que se extendió por casi 15 años, comenzó cuando la empresa AMX intentó revertir una resolución de rechazo firmada por el entonces intendente Marcelo Cascón (UCR). Anteriormente, ya habían obtenido una decisión favorable de la Cámara Civil de Bariloche, pero el Superior Tribunal de Justicia anuló esa sentencia por no abordar una “cuestión esencial” relacionada con la constitucionalidad de la ordenanza cuestionada.

Implicaciones del fallo en la regulación municipal

En su reciente fallo, la cámara barilochense, con un equipo de jueces compuesto por Jorge Serra, Juan Lagomarsino y Alejandra Paolino, refutó los intentos del municipio de delegar el control sobre la cartelería publicitaria a una empresa privada. La justicia aclaró que la gestión tributaria es una potestad esencial del Estado que no puede ser privatizada.

El concepto que sostuvieron en su decisión es que los carteles dentro de espacios privados no pueden ser considerados públicos, desestimando así la posibilidad de cobrar una tasa por ellos. Este principio de independencia también se aplicó a otros municipios, como San Antonio Oeste y San Rafael, donde se dieron sendos fallos en contra de cobros similares.

Un conflicto que va más allá de Claro

La relevancia del fallo no se limita solo a Claro; de hecho, otras grandes compañías como Quilmes, Nestlé y Coca-Cola han enfrentado denuncias similares contra el cobro de tasas por publicidad interna. La municipalidad había argumentado su derecho a fijar tasas, pero el tribunal dejó en claro que esta práctica carece de justificación cuando no se brinda un servicio efectivo en contrapartida.

Con este nuevo pronunciamiento judicial, se vislumbra un cambio significativo en la forma en que se gestionan las tasas municipales, y también podría allanar el camino a revisar otras delegaciones de tareas a empresas privadas, incluso en el ámbito de las infracciones de tránsito. La justicia llama a un retorno a los métodos tradicionales, enfatizando que las funciones fiscales deben permanecer en manos del Estado.