Una Reforma Controvertida en la Salud Mental
El avance de la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, impulsada por el Gobierno Nacional, ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores de la sociedad. La legisladora rionegrina Maricel Cévoli, licenciada en Psicología y con una amplia trayectoria en la clínica de adultos y adolescentes, alertó que esta modificación representa “un grave retroceso en materia de derechos humanos, salud pública y abordajes comunitarios”. En un proyecto de declaración de repudio, Cévoli expresó su preocupación por una propuesta que, según ella, promueve modelos centrados en el control y la exclusión, en lugar de fortalecer las redes de cuidado y prevención.
Preocupaciones Específicas sobre la Reforma
Entre los puntos críticos, la legisladora destacó la eliminación de la obligación del Estado Nacional de financiar políticas de salud mental en las provincias. “En un contexto donde crecen los padecimientos de salud mental, especialmente en las juventudes, no podemos retroceder hacia enfoques que estigmatizan y restringen derechos”, afirmó Cévoli. También se opone al reemplazo del concepto de “padecimiento mental” por una mirada exclusivamente patologizante y critica la exclusión de usuarios y organismos de derechos humanos de los espacios de revisión y control, lo cual podría tener consecuencias gravemente negativas para quienes requieren asistencia.
Los Riesgos de una Visión Restrictiva
Cévoli no se guarda sus preocupaciones. Resalta que la reforma incluye criterios de peligrosidad en las internaciones y propone una ampliación de tratamientos involuntarios, lo cual choca con los estándares internacionales de derechos humanos. “La Ley Nacional de Salud Mental fue un avance reconocido por su perspectiva interdisciplinaria, comunitaria y respetuosa de los derechos humanos. Cualquier reforma debe ampliar derechos y fortalecer el sistema público, no retroceder sobre garantías conquistadas”, enfatizó. Además, alerta sobre las dificultades que generaría exigir firma psiquiátrica para todas las internaciones, especialmente en provincias con escasez de profesionales, profundizando así las desigualdades territoriales en el acceso a la salud.