Antes del tratamiento en el Congreso, la Iglesia Católica en la Patagonia se pronuncia a favor del proyecto de ley de Tierras.

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La Iglesia Católica se Pronuncia contra la Ley de Tierras

La Iglesia Católica a través de la Pastoral Social de la Patagonia ha manifestado su "profunda preocupación" por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el gobierno de Javier Milei. Esta legislación, que volverá a la agenda del Congreso esta semana, ha generado un amplio rechazo en diversas comunidades. En un comunicado emitido el fin de semana, la Pastoral Social enfatiza que "la tierra, especialmente en la Patagonia, no puede ser reducida a un objeto de apropiación exclusiva". La entidad anunció que se sumará a cualquier acción destinada a concientizar y detener la aprobación de la ley.

Proyecto Controversial en el Senado

El Senado argentino tiene previsto retomar el tratamiento del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger después de un cuarto intermedio. Este proyecto cuenta con un dictamen de mayoría, pero presenta más de 16 borradores distintos con modificaciones. Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de los topes en la adquisición de tierras en manos de extranjeros, lo que ha despertado rechazos tanto en el ámbito político como en la ciudadanía. Organizaciones como Fuerza Patria han calificado el debate de esta ley como un "triunfo" para quienes se oponen a sus términos.

Llamado a la Justicia Social

La Pastoral Región Patagonia-Comahue subraya el principio del "destino universal de los bienes", asegurando que "la propiedad privada tiene una función social y debe estar subordinada al bien común". En su declaración, resalta que la Patagonia, rica en historia y diversidad cultural, "clama por justicia". La concentración de tierras en manos de unos pocos, sean argentinos o extranjeros, y su uso como cuestión de negocio, contradicen las enseñanzas evangélicas y el llamado de la Iglesia a proteger la casa común. La Pastoral hace un ferviente llamado a las autoridades y a la sociedad en general para que se implementen políticas que aseguren acceso equitativo a la tierra y al trabajo.

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