Acusada de ejercer como falsa médica en Roca: tres jueces, dos posturas y una decisión clave.

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La polémica de la falsa médica en Roca: ¿un caso federal?

La situación de Mariela Fernanda Marzano, la mujer acusada de ejercer como falsa médica en la ciudad de Roca, ha dado un giro inesperado en la Justicia. Este miércoles, el Tribunal de Impugnación (TI) decidió, en un fallo dividido, que la acusada permanezca bajo control judicial, con una tobillera electrónica y su patrimonio bloqueado. Esta resolución se produce justo después de que la jueza de Garantías, Natalia González, declarara la incompetencia del fuero ordinario, enviando el caso a la Justicia Federal. La división entre los magistrados ha sido evidente, generando un debate significativo sobre las garantías de la defensa.

Discutiendo las medidas cautelares

Durante la audiencia, el juez Carlos Mussi headó la postura mayoritaria, argumentando que la falta de una formulación de cargos no impedía la imposición de medidas cautelares. Según Mussi, existían evidencias sólidas que justificaban la vigilancia sobre Marzano, quien tendría la capacidad económica y los medios para evadir la justicia. La fiscalía, representada por Teresa Giuffrida y Celeste Benatti, defendió la legalidad de las restricciones basándose en precedentes como el caso "Gaetano". Sin embargo, la defensa, liderada por Oscar Pineda, alegó que estas medidas vulneran derechos fundamentales al no haberse presentado acusaciones formales.

La disidencia: un llamado a la justicia

El juez Miguel Ángel Cardella fue la voz disonante en el tribunal, abogando por la apertura del recurso de la defensa. Cardella destacó que la formulación de cargos es esencial antes de aplicar medidas que afecten derechos tan fundamentales como la libertad y la propiedad. Su postura marcó un punto importante en el debate legal, sugiriendo que es esencial escuchar las preocupaciones de la defensa en casos donde se cuestionan derechos garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos. La polémica continúa, mientras el expediente se dirige hacia la justicia federal para determinar el futuro de Marzano y las decisiones sobre sus restricciones.

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